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EL MINISTERIO PòBLICO
NECESITA UN CAMBIO
Jorge Chavarr’a *
Sin
duda alguna, uno de los valores b‡sicos de la democracia, como sistema pol’tico
favorecedor del crecimiento humano en libertad, a partir del reconocimiento de
su dignidad como persona, es la legalidad. El nexo funcional-estructural entre
legalidad y democracia es verificable mediante el hecho de que su falta o su
debilitamiento resultan siempre en la imposici—n autoritaria y opresora de la
voluntad de quien goza de alguna forma de poder frente a los otros, entre ellos
del poder criminal.
Nuestro
pa’s est‡ inserto en una regi—n que transita peligrosamente hacia la imposici—n
del poder de grupos y redes criminales con enormes capacidades de infiltraci—n
en la sociedad civil, las instituciones militares, policiales, judiciales,
pol’ticas y administrativas, las cuales a su vez parecen no superar las serias
dificultades para hacer cumplir las leyes, rodeadas adem‡s, de un ambiente de
pŽrdida de credibilidad y una creciente desconfianza del ciudadano.
La
estrategia regional planteada en CentroamŽrica y en MŽxico se basa en la
confrontaci—n militar de las redes criminales actuales y a eso se est‡n
destinando, en gran parte, los recursos internacionales. Costa Rica, en ese
contexto, es un pa’s que ha renunciado al ejŽrcito y que no quiere renunciar a
su democracia ni a su vida civilista. La presi—n militar esperable de nuestros
vecinos sobre las redes criminales es, sin duda alguna, un riesgo que se suma
para favorecer el incremento de la actividad y presencia de narcotraficantes
internacionales en nuestro territorio. Frente a esa realidad es impensable
continuar con un Ministerio Pœblico con el modelo actual. Se requiere por el
contrario, de un —rgano fortalecido, con su propia administraci—n, que
seleccione, capacite y mantenga actualizados a sus fiscales de manera oportuna,
vinculados por una carrera fiscal que impida su deserci—n; que planifique y
ejecute su presupuesto de acuerdo con las necesidades sociales surgidas de la
vulnerabilidad impuesta por la criminalidad.
Si
queremos conservar nuestra democracia debemos redoblar nuestro esfuerzo en
afirmar la legalidad, tanto frente a los poderes formales como frente a los
informales y paralelos, que se apropian de los —rganos pœblicos a travŽs de la
corrupci—n, que descomponen en el tejido social la cultura de acatamiento de
las normas como valor individual y colectivo, y que contribuyen convenientemente
a crear una institucionalidad ineficiente, previsiblemente ineficaz y sometida
a la satisfacci—n de intereses criminales particulares. Hoy d’a es impensable
que se puedan enfrentar los efectos de la criminalidad regional y global sin un
Poder Judicial fortalecido, pero igualmente, sin un Ministerio Pœblico renovado
que haga posible la aplicaci—n de la ley a travŽs de una eficiente
investigaci—n junto con la Polic’a. Mantener al Ministerio Pœblico con las
limitaciones actuales frente a las amenazas regionales y globales es un
contrasentido en un pa’s que se autoproclama como democr‡tico, sin hombres en
las armas y que ha tendido, como vocaci—n hist—rica, al acatamiento de las
normas y a la paz.
En
lo inmediato, pese a las debilidades y dificultades que enfrentamos hemos
se–alado cuatro l’neas de acci—n con el fin de enfrentar las manifestaciones de
la criminalidad:
1.– Desarrollar una estrategia de intolerancia a cualquier forma
corrupci—n a lo interno y a lo externo.
2.–
Desarrollar una estrategia de abordaje local de la criminalidad junto con el
Organismo de Investigaci—n Judicial y la Fuerza Pœblica en cada provincia del
pa’s.
3.–
Desarrollar una estrategia centralizada y nacional de abordaje de las diversas
manifestaciones de la delincuencia organizada.
4.–
Contener y reducir el circulante con el fin de hacer factible la eficacia en el
abordaje de los fen—menos criminales.
Hoy,
hemos querido centrar esta actividad de celebraci—n de un a–o m‡s de la
creaci—n del Ministerio Pœblico, en el reconocimiento al talento y a la
dedicaci—n de nuestros fiscales, asistentes y auxiliares judiciales, quienes
desde todos los rincones del pa’s han contribuido, pese a las dificultades, a
lograr resultados exitosos, algunos de los cuales han trascendido nuestras
fronteras y de los cuales nos sentimos muy orgullosos.
En
el avance de la Pol’tica de Persecuci—n planteada, menci—n especial merecen por
su trabajo en equipo y compromiso, las Fiscal’as del Segundo Circuito Judicial
de San JosŽ, las Fiscal’as Especializadas en Delitos contra la Propiedad,
Delitos Varios y Delitos contra la Vida, del Primer Circuito de San JosŽ, la
Fiscal’a de Hatillo, del Tercer Circuito Judicial de San JosŽ, la Fiscal’a de
Tr‡mite R‡pido de San JosŽ, la Fiscal’a de Heredia, la de PŽrez Zeled—n y la de
Ca–as. Especial menci—n requiere la Fiscal’a Adjunta de Penal Juvenil por el
abordaje estratŽgico de la criminalidad, la disminuci—n de la impunidad y la
aplicaci—n de la justicia restaurativa.
Como
pa’s enfrentamos en esta materia nuevos y grandes retos, pero igualmente
contamos con la madurez institucional y el talento individual para superarlos
sin perder nuestra identidad. Parte de ese talento, del que nos sentimos
orgullosos, es el que hoy quiero presentarles personalmente a todos ustedes.
* Fiscal General